El Gobierno nacional lanzó esta semana la denominada «Oficina de Respuesta Oficial», una cuenta en redes sociales creada con el objetivo declarado de «desmentir noticias falsas» y exponer supuestas operaciones del periodismo y la oposición. La iniciativa, presentada como una herramienta informativa, fue rápidamente cuestionada por organizaciones y referentes del ámbito periodístico, que advierten sobre un avance directo del Poder Ejecutivo contra la libertad de prensa.

El comunicado inaugural de la oficina adopta un tono confrontativo y sostiene que «solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta», justificando así la necesidad de una «voz oficial» dedicada a señalar medios y periodistas. Aunque desde el Gobierno insisten en que no se trata de censura, la lógica de señalar, deslegitimar y exponer públicamente a la prensa crítica refuerza una dinámica de hostigamiento ya instalada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El propio Presidente celebró la creación del espacio y lo presentó como un mecanismo para «desenmascarar mentiras y operaciones de los medios», mientras que funcionarios y asesores del oficialismo profundizaron el mensaje al acusar a periodistas de falta de profesionalismo y mala fe. La medida se inscribe en una relación cada vez más tensa entre el Ejecutivo y la prensa, marcada por descalificaciones públicas y ataques sistemáticos.

El esquema no es novedoso. Replica, con mínimas variaciones, estrategias utilizadas por otras derechas contemporáneas, en particular durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Allí, la Casa Blanca impulsó el portal «Media Bias» —conocido mediáticamente como el «Salón de la Vergüenza»— destinado a exhibir notas periodísticas críticas bajo la acusación de sesgo y noticias falsas. Lejos de fortalecer el debate público, esa herramienta funcionó como un dispositivo de presión política contra medios independientes.

En ese marco, la creación de la Oficina de Respuesta Oficial en Argentina aparece menos como un ejercicio de transparencia y más como un intento de disciplinamiento discursivo. Bajo la retórica de la lucha contra la desinformación, el Gobierno avanza en la construcción de un aparato destinado a erosionar el rol del periodismo como contralor del poder, una práctica que tensiona los límites democráticos y reabre alertas sobre la libertad de expresión en el país.